Afirma que la reclasificación no es una sugerencia ni un punto de negociación, sino un mandato de la ley desde 2008  que todavía no ha sido cumplido, lo que devela una debilidad institucional.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH) instó a las autoridades a no aplazar más el cumplimiento de la reclasificación de empresas como ordena Ley 488-08, para poner en vigencia tarifas salariales adaptadas al tamaño real de las unidades productivas.

El presidente de la entidad empresarial, Antonio Taveras Guzmán, afirmó que establecer  el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) no es una sugerencia ni un punto de negociación, sino un mandato de la legislación que debe cumplirse.

“No logramos entender cómo una legislación aprobada el 19 de  de diciembre de 2008 aun no se cumple casi nueve años después, situación que representa una grave falla institucional”, subrayó.

Taveras Guzmán ratificó su apoyo al incremento de 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado y dijo que, pese a eso, el poder de compra de los trabajadores acusa un rezago de 16% en comparación a como estaba antes de la crisis financiera de 2003.

“Necesitamos trabajadores con mayor poder de compra, pues esta es una forma genuina de redistribuir el crecimiento de la economía, pero es necesario tener cautela con los efectos de los incrementos salariales sin reclasificar a las empresas”, indicó el dirigente empresarial.

Recordó que el 95% del tejido empresarial en el país está compuesto por medianas y pequeñas empresas, mientras que el 60% son microempresas que no pueden ser medidas que el mismo rasero de las empresas grandes en términos de salarios.

El presidente de la ANEIH abogó por simplificar el sistema de tarifas salariales, pues en la actualidad, además de asumir la reclasificación de las empresas, las autoridades deben contribuir con el incremento del salario real mejorando la calidad de servicios como salud, educación, seguridad y transporte, que constituyen un derecho de los ciudadanos.

Deploró que en la actualidad el 30% del salario de los trabajadores sea absorbido por el servicio de transporte, que suele ser malo, inseguro y caro.