Considera que el Gobierno del presidente y el Ministerio Público Medina tienen una brillante oportunidad de dar un ejemplo contra la corrupción en la administración pública. 

“Para que el proceso sancionador tenga credibilidad es muy importante que sean ubicados y presentadas los implicados en el soborno, tanto los distribuidores como los beneficiarios, y se les someta a juicio con los criterios de un Estado de derecho”, dijo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. (ANEIH) demandó rescindir los contratos vigentes con Odebrecht y descargar todo el peso de la ley contra los distribuidores y beneficiarios del soborno de US$92 millones para lograr asignación de obras públicas a la constructora brasileña.

De igual manera, exigió demandar judicialmente a la empresa por los daños y perjuicios a la imagen internacional de la República Dominicana en procuras de un justo resarcimiento y señaló que no proceder de esa manera equivaldría a dejar el caso en la superficie.

El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, hizo el planteamiento al considerar que  la magnitud del daño a la imagen del país y las violaciones legales implícitas demandan consencuencias drásticas y total transparencia de las autoridades frente a los ciudadanos.

“Para la presente administración encabezada por el presidente Danilo Medina, para el Ministerio Público y el Poder Judicial, este caso representa una gran oportunidad para demostrar que se está a favor de una cruzada seria y firme en contra de la corrupción”, sostuvo.

No basta con devolver dinero

Advirtió que no basta con la devolución de Odebrecht  al Gobierno de US$184 millones, el duplo del soborno, como tampoco es suficiente la exclusión de la empresa brasileña del registro de proveedores del Estado, con el impedimento de participar en licitaciones de obras públicas, ni  la captura de documentos y evidencias en el allanamiento recién realizado a las oficinas de la constructora.

“Para que el proceso sancionador tenga credibilidad es muy importante que sean ubicados y presentados los implicados en el soborno, tanto los distribuidores como los beneficiarios, y se les someta a juicio con los criterios de un Estado de derecho”, indicó el dirigente empresarial.

La ANEIH hizo un llamado al liderazgo político, social y empresarial responsable y comprometido con el desarrollo y el bienestar del país a  exigir que este y todos los casos de corrupción reciban las debidas sanciones. “Es necesario que  los responsables, sin importar posición  política o económica, paguen por su crimen”, advirtió el presidente de la ANEIH.

La organización empresarial dijo que espera que  el caso Odebrecht no corra la misma suerte de otros escándalos de corrupción que han quedado sin ser sancionados en el pasado reciente. Apuntó que la  corrupción en cualquiera de sus formas, sea soborno, tráfico de influencia u otra, está tipificada como un gran delito penal en los marcos legales adjetivos y sustantivo del país.

“La ley 448-6 establece penas, multas y sanciones tanto a los que sobornan como a los sobornados. Por tratarse de una empresa de carácter internacional, el soborno realizado aquí se convierte en un delito transnacional cuyas repercusiones podrían afectar el clima de negocios y la imagen de la República Dominicana frente a la inversión extranjera”, subrayó Taveras Guzmán.

Debilidad institucional

El presidente de la ANEIH recordó que en distintas ocasiones la organización empresarial ha planteado que los problemas de la República Dominicana tienen como eje transversal las debilidades institucionales. “Este desorden institucional, que es histórico y sistémico, tiene su máxima expresión en la corrupción que se ha instalado como una nefasta cultura haciendo metástasis en todo el tejido social de nuestro país”, resaltó.

Lamentó que la justicia no se haya mostrado capaz de perseguir y sancionar la corrupción administrativa, mientras que la impunidad se impone  sobre todo cuando hay funcionarios y políticos involucrados.

Taveras Guzmán expresó el temor de que la falta de sanción lleve al país a estado de caos y barbarie, poniendo en riesgo la cohesión social y el sistema democrático.