La historia del sector eléctrico no ha sido distinta a la historia general de República Dominicana. Múltiples esferas de nuestro país han sido constantemente asaltadas por pequeños pero poderosos grupos de empresarios, junto a funcionarios y políticos corruptos. La politización, la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad son factores que explican por qué hoy continuamos con el deterioro progresivo del sector eléctrico.
El más reciente asalto se ha querido perpetrar a través del denominado Pacto Eléctrico. En el poco transparente e inequitativo proceso de discusión del acuerdo, los negocios y privilegios particulares de núcleos empresariales y funcionarios han prevalecido. Si el documento del pacto se mantiene como está hasta el momento, el país, su golpeada clase media, sus sectores populares, y el 98% del tejido empresarial, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), sufrirán la devastadora consecuencia de una nueva imposición de los intereses particulares por encima del bienestar común, castrando la oportunidad que la Estrategia Nacional de Desarrollo ha abierto para solucionar el histórico problema del sector eléctrico del país.
Para que las políticas públicas sean efectivas, y especialmente en el sector eléctrico, es necesario que las instituciones que van a promover o implementar estas políticas sean sólidas; que operen dentro de un marco regulatorio transparente; que sean capaces de formular políticas energéticas a corto, mediano y largo plazo, con objetivos y mecanismos específicos de implementación medibles, basados en diagnósticos y que cuenten con el presupuesto necesario para su implementación. Estas políticas deben obedecer a planes de desarrollo productivo, de crecimiento demográfico y de crecimiento de las infraestructuras demandantes de electricidad, buscando siempre la sostenibilidad medioambiental.
Es importante tener un mercado eléctrico de amplia competencia, sobre todo en el área de generación. Si bien es cierto que la fuerza del mercado pudiera abaratar costos y diversificar los proveedores y las ofertas de generación, favoreciendo a los consumidores, esta fuerza necesita un órgano regulador para corregir sus propias fallas y tendencias a la concentración. Se necesita imponer reglas y condiciones claras para la competencia. En el mercado eléctrico dominicano es fundamental una regulación transparente y equitativa, que gestione los riesgos y los incentivos a través de herramientas y políticas operativas orientadas a garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema.
Una regulación efectiva de los mercados y los procesos del sector eléctrico contribuiría a garantizar que los precios reflejen los costos reales de la energía eléctrica, y que ésta se suministre de forma sostenible, y a precios y tarifas competitivos y razonables. El desorden institucional que impera en la República Dominicana (con un mercado tan apetecible, por la cantidad de dinero que mueve y debido a las desmesuradas ganancias conseguidas mediante sobreprecios obtenidos a través de cobros de coimas y comisiones) necesita un órgano regulador fuerte, con plenos poderes para hacer cumplir las reglas, con independencia financiera y operativa real, sin vínculos con sectores políticos ni empresariales, que le ponga freno a la politización, al clientelismo y a la corrupción.
Históricamente el sector eléctrico ha sido utilizado como botín por diferentes gobiernos, para repartir empleos y privilegios y para enriquecer sectores empresariales y políticos corruptos. El país no puede seguir permitiendo que la voracidad de unos pocos castre el desarrollo y el progreso de las mayorías. Tenemos el derecho y el deber de exigir políticas energéticas que nos permitan competir en el siglo XXI.
Las distribuidoras eléctricas en manos del Estado han sido deficitarias, porque padecen precisamente los mismos males de fondo relacionados con la generación. Estas empresas pierden entre el 32% y 34% de la energía que compran a los generadores privados. Parte de esta pérdida se debe al deterioro y mal estado de las redes. Son pérdidas técnicas que, a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas para reducirlas (US$800 millones prestados por el Banco mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros), no han podido corregirse. La mala gestión administrativa, causada por la politización de las Edes y el clientelismo, los elevados gastos corrientes, la falta de transparencia, sumada a la incapacidad para enfrentar de manera efectiva el hurto de energía a gran y baja escala, conforman el otro componente de las pérdidas. Todo esto ha llevado a que el Gobierno tenga que subsidiar a estas empresas con más de US$1,000 millones al año, presionando el Presupuesto Nacional y obligando a la ciudadanía y al sector empresarial pequeño y mediano, a pagar la incapacidad de estas empresas. Pero aún con las inversiones de organismos internacionales, y el subsidio y el derroche innecesario de recursos públicos en las Edes, los apagones y un servicio inestable y caro continúan restando competitividad a nuestros sectores productivos y a la calidad de vida de la ciudadanía.
En el Pacto Eléctrico se pretende seguir cargando a las MiPyMEs y a la ciudadanía aún más con el costo de esta ineficiencia. Si este acuerdo se aprobara en enero tal como está, a partir del primero de julio entraría en vigencia una supuesta tarifa de transición, que podrá variar de acuerdo al comportamiento de diferentes indicadores, como el precio de las divisas y el precio de los combustibles de generación en los mercados internacionales.
Pero también, y eso es lo que no se explica a la ciudadanía, las pérdidas que tienen las Edes serán cargadas a las tarifas de los usuarios en general y a las MiPyMEs, pues la mayoría de los grandes usuarios entran en la categoría de “no regulados”. Estas 125 empresas “no reguladas” compran directamente a los generadores sin pagar ningún impuesto al Estado por el uso de espacios y otros bienes públicos para la transmisión de energía eléctrica. En un supuesto plan de expansión se pretende reducir las pérdidas de un 32% a un 15% en seis años. En principio este 17% de pérdida se le subirá a la tarifa eléctrica y se pretende ir bajándola a razón de 2,80% al año. Es decir, subirán un 17% de entrada a la tarifa y luego, si tienen éxito en corregir las pérdidas, la irán bajando cada año hasta completar las metas de pérdida de un 15%.
Solo en un país capturado y asaltado como el nuestro se puede imponer una política como esta, que resguarda los intereses de un grupito de empresarios y políticos, y pone a una población y a los medianos y pequeños empresarios a pagar este desatino e ineficiencia.
Hace tiempo que la energía ha debido llegar más barata a los consumidores. En los últimos tres años la reducción de los precios del petróleo en los mercados internacionales, la diversificación de la matriz de generación y otros factores internos y externos han provocado que el precio al que compran las distribuidoras a los generadores haya bajado en un 40%. Sin embargo, el Gobierno, a través de las distribuidoras, no ha traspasado esta rebaja a los consumidores. El pueblo continúa pagando una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.
Actualmente, el margen entre el precio de compra de energía de las distribuidoras a los generadores y el precio al que se le vende al consumidor duplican los márgenes de las empresas distribuidoras de la región. En Centroamérica el promedio del valor agregado de distribución (VAD) oscila entre 3 y 3.5 centavos de dólar. En nuestro país actualmente es de 7 centavos de dólar. Aun así, con este margen de ganancia que tienen las distribuidoras, siguen los subsidios (que pagamos todos), siguen las pérdidas y siguen los apagones. Y entonces como ciudadanos, contribuyentes, trabajadores formales e informales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios debemos preguntarnos ¿dónde están los cuartos? ¿A dónde va todo el dinero de los subsidios y las costosas facturas eléctricas que pagamos?
El problema eléctrico, como muchos de nuestros eternos problemas, se resuelve con firmes decisiones políticas que favorezcan al país y a las mayorías; actuando con transparencia y aplicando las leyes, con estrictos sistemas de consecuencias para quienes las violen.
Tal y como se encuentra planteado hasta el momento, el Pacto Eléctrico, lamentablemente, es simplemente la legitimación de los intereses de sectores económicos y políticos que por décadas han sido los causantes del desastre del sector energético nacional.
Solo si el Gobierno decide abrir un espacio para la rectificación y la colocación del interés nacional por encima de las ambiciones sectoriales, el pacto podría ser una verdadera política de desarrollo energético para la República Dominicana y no otra más de las tantas oportunidades perdidas de nuestro país. De abrirse la puerta a la rectificación y a la discusión transparente, estaremos siempre dispuestos a participar, vigilantes y comprometidos con los intereses de la gente y de la nación. Nunca es tarde cuando existe la voluntad de construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestro país.