El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) instó al Gobierno a propiciar la liberalización del mercado del azúcar y aplicar una política que incentive localmente el cultivo industrializado y mecanizado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) alertó sobre el daño que está causando, en diferentes segmentos de la producción, un oligopolio en el mercado local del azúcar que impone sobreprecios superiores a 100% con relación al parámetro internacional.

La denuncia fue hecha por el presidente de la organización empresarial, Antonio Taveras Guzmán, al afirmar que se trata de un diferencial de precio,  manejado a través de un esquema poco  transparente de licencias de importación,  que crea “un incentivo perverso”  para mantener una producción dirigida exclusivamente a la cuota de  exportación hacia Estados Unidos.

Explicó que bajo ese modelo resulta altamente atractivo  importar sobre precios internacionales que han venido cayendo desde final  del 2016, para colocar  el producto en el mercado local a un sobreprecio mayor al 100%, pagado por los consumidores en la República Dominicana y que, a su vez, eleva los costos de las industrias.

“En estos momentos tenemos industrias –usuarias intensivas de azúcar como materia prima- que en términos de costos están prácticamente yuguladas con estos sobreprecios, que ponen en riesgo no sólo una fuga de inversión, sino la estabilidad de miles de empleos”, advirtió el dirigente empresarial.

Taveras Guzmán razonó que en la actualidad la tonelada métrica de azúcar no  debería superar los 532.40 dólares, pero se paga un sobreprecio de 250 dólares, equivalente a un 47%.

El presidente de la ANEIH manifestó que –de continuar esta situación- se producirá el desmonte de estructuras industriales para trasladarse a otros mercados cercanos donde no tengan estas trabas para producir, con la secuela de destrucción de miles de puestos formales de trabajo y la agravación del déficit comercial del país.

Pidió a Pro Competencia y a Competitividad prestar atención a este problema concreto y asumirlo como una oportunidad para pasar del dicho al hecho en lo que respecta al buen funcionamiento del mercado, sin distorsiones de esa naturaleza.

Instó al Gobierno a propiciar la liberalización del mercado del azúcar y aplicar una política que incentive el cultivo industrializado y mecanizado de caña de azúcar para abastecer la demanda del mercado local, incluyendo su uso en productos exportables, la fabricación de alcoholes y la producción de biocombustibles.