Antonio Taveras, Fernando Capellán, Margarita Cedeño, Rolando Guzmán

El máximo galardón recayó en AES Andrés, mientras que el premio a la trayectoria empresarial fue otorgado a Fernando Capellán, presidente del Grupo M.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNCSP) reconoció la noche de este jueves a 14 empresas dominicanas que desde sus diferentes áreas y tamaño sobresalieron en 2017 por sus esfuerzos en mejorar el desempeño, la competitividad y el desarrollo sostenible en la producción  de bienes y servicios.

El máximo galardón recayó en AES Andrés, empresa establecida en el país en 2003, que forma parte del Grupo AES y que está dedicada a la generación de energía y comercialización de gas natural licuado y gaseoso. La compañía recibió, además, una medalla de oro por su desempeño en el renglón industria.

El premio a la trayectoria empresarial fue otorgado a Fernando Capellán, presidente y fundador del Grupo M,  empresa reconocida  por la implantación de avanzadas tecnologías de producción en el área textil y modernos sistemas de administración de recursos humanos.

En la categoría Gran Empresa, renglón industria, obtuvieron medalla de oro Dominican Power Partners –también del Grupo AES- Generadora de Electricidad Itabo y Distribuidora Corripio, en su división industrial Planta COASIS. Bepensa Dominicana obtuvo medalla de plata en esta categoría.

En Gran Empresa, renglón servicios, sobresalieron con medallas de oro la ARS Humano, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Cooperativa Vega Real, mientras que medallas de plata recayeron en Funeraria Blandino y Corporación Turística de Servicios Punta Cana. La medalla de bronce fue para Brenntag Caribe y Reid & CO en este reglón.

El premio también toma en cuenta con un reglón para reconocer el desempeño de la pequeña y mediana empresa, y en esta ocasión galardonó a Asistencia Universal, del Grupo Universal, con medalla de plata y una mención de honor a la empresa Círculo Empresarial de Competitividad (Cirecom).

El Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, que data desde hace 25 años, fue instituido mediante decreto 141-13 como el máximo reconocimiento a las empresas del país. Está integrado por un consejo que integran diversas instituciones públicas, privadas y una secretaría técnica que ostenta la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH). 

El acto de entrega del premio correspondiente a 2017 se llevó a cabo en el hotel El Embajador y contó con la presencia de  la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; Nelson Toca Simó, Ministro de Industria y Comercio; Alejandrina Germán, Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología; Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública y el rector de INTEC y presidente del jurado, Rolando Guzmán, entre otras personalidades.

 

Antonio Taveras Guzmán

La historia del sector eléctrico no ha sido distinta a la historia general de República Dominicana. Múltiples esferas de nuestro país han sido constantemente asaltadas por pequeños pero poderosos grupos de empresarios, junto a funcionarios y políticos corruptos. La politización, la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad son factores que explican por qué  hoy continuamos con el deterioro progresivo del sector eléctrico.

El más reciente asalto se ha querido perpetrar a través del denominado Pacto Eléctrico. En el  poco transparente e inequitativo proceso de discusión del acuerdo, los negocios y privilegios particulares de núcleos empresariales y funcionarios han prevalecido. Si el documento del pacto se mantiene como está hasta el momento, el país, su golpeada clase media, sus sectores populares, y el 98% del tejido empresarial, compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), sufrirán la devastadora consecuencia de una nueva imposición de los intereses particulares por encima del bienestar común, castrando la oportunidad que la Estrategia Nacional de Desarrollo ha abierto para solucionar el histórico problema del sector eléctrico del país.

Para que las políticas públicas sean efectivas, y especialmente en el sector eléctrico, es necesario que las instituciones que van a promover o implementar estas políticas sean sólidas; que operen dentro de un marco regulatorio transparente; que sean capaces de formular políticas energéticas a corto, mediano y largo plazo, con objetivos y mecanismos específicos de implementación medibles, basados en diagnósticos y que cuenten con el presupuesto necesario para su implementación. Estas políticas deben obedecer a planes de desarrollo productivo, de crecimiento demográfico y de crecimiento de las infraestructuras demandantes de electricidad, buscando siempre la sostenibilidad medioambiental.

Es importante tener un mercado eléctrico de amplia competencia, sobre todo en el área de generación. Si bien es cierto que la fuerza del mercado pudiera abaratar costos y diversificar los proveedores y las ofertas de generación, favoreciendo a los consumidores, esta fuerza necesita un órgano regulador para corregir sus propias fallas y tendencias a la concentración. Se necesita imponer reglas y condiciones claras para la competencia. En el mercado eléctrico dominicano es fundamental una regulación transparente y equitativa, que gestione los riesgos y los incentivos a través de herramientas y políticas operativas orientadas a garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema.

Una regulación efectiva de los mercados y los procesos del sector eléctrico contribuiría a garantizar que los precios reflejen los costos reales de la energía eléctrica, y que ésta se suministre de forma sostenible, y a precios y tarifas competitivos y razonables. El desorden institucional que impera en la República Dominicana (con un mercado tan apetecible, por la cantidad de dinero que mueve y debido a las desmesuradas ganancias conseguidas mediante sobreprecios obtenidos a través de cobros de coimas y comisiones) necesita un órgano regulador fuerte, con plenos poderes para hacer cumplir las reglas, con independencia financiera y operativa real, sin vínculos con sectores políticos ni empresariales, que le ponga freno a la politización, al clientelismo y a la corrupción.

Históricamente el sector eléctrico ha sido utilizado como botín por diferentes gobiernos, para repartir empleos y privilegios y para enriquecer sectores empresariales y políticos corruptos. El país no puede seguir permitiendo que la voracidad de unos pocos castre el desarrollo y el progreso de las mayorías. Tenemos el derecho y el deber de exigir políticas energéticas que nos permitan competir en el siglo XXI. 

Las distribuidoras eléctricas en manos del Estado han sido deficitarias, porque padecen precisamente los mismos males de fondo relacionados con la generación.  Estas empresas pierden entre el 32% y 34% de la energía que compran a los generadores privados. Parte de esta pérdida se debe al deterioro y mal estado de las redes. Son pérdidas técnicas que, a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas para reducirlas (US$800 millones prestados por el Banco mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros), no han podido corregirse. La mala gestión administrativa, causada por la politización de las Edes y el clientelismo, los elevados gastos corrientes, la falta de transparencia, sumada a la incapacidad para enfrentar de manera efectiva el hurto de energía a gran y baja escala, conforman  el otro componente de las pérdidas. Todo esto ha llevado a que el Gobierno tenga que subsidiar a estas empresas con más de US$1,000 millones al año, presionando el Presupuesto Nacional y obligando a la ciudadanía y al sector empresarial pequeño y mediano, a pagar la incapacidad de estas empresas. Pero aún con las inversiones de organismos internacionales, y el subsidio y el derroche innecesario de recursos públicos en las Edes, los apagones y un servicio inestable y caro continúan restando competitividad a nuestros sectores productivos y a la calidad de vida de la ciudadanía.

En el Pacto Eléctrico se pretende seguir cargando a las MiPyMEs y a la ciudadanía aún más con el costo de esta ineficiencia. Si este acuerdo se aprobara en enero tal como está, a partir del primero de julio entraría en vigencia una supuesta tarifa de transición, que podrá variar de acuerdo al comportamiento de diferentes indicadores, como el precio de las divisas y el precio de los combustibles de generación en los mercados internacionales.

Pero también, y eso es lo que no se explica a la ciudadanía, las pérdidas que tienen las Edes serán cargadas a las tarifas de los usuarios en general y a las MiPyMEs, pues la mayoría de los grandes usuarios entran en la categoría de “no regulados”.  Estas 125 empresas “no reguladas” compran directamente a los generadores sin pagar ningún impuesto al Estado por el uso de espacios y otros bienes públicos para la transmisión de energía eléctrica. En un supuesto plan de expansión se pretende reducir las pérdidas de un 32% a un 15% en seis años. En principio este 17% de pérdida se le subirá a la tarifa eléctrica y se pretende ir bajándola a razón de 2,80% al año. Es decir, subirán un 17% de entrada a la tarifa y luego, si tienen éxito en corregir las pérdidas, la irán bajando cada año hasta completar las metas de pérdida de un 15%.

Solo en un país capturado y asaltado como el nuestro se puede imponer una política como esta, que resguarda los intereses de un grupito de empresarios y políticos, y pone a una población y a los medianos y pequeños empresarios a pagar este desatino e ineficiencia.

Hace tiempo que la energía ha debido llegar más barata a los consumidores. En los últimos tres años la reducción de los precios del petróleo en los mercados internacionales, la diversificación de la matriz de generación y otros factores internos y externos han provocado que el precio al que compran las distribuidoras a los generadores haya bajado en un 40%. Sin embargo, el Gobierno, a través de las distribuidoras, no ha traspasado esta rebaja a los consumidores.  El pueblo continúa pagando una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.

Actualmente, el margen entre el precio de compra de energía de las distribuidoras a los generadores y el precio al que se le vende al consumidor duplican los márgenes de las empresas distribuidoras de la región. En Centroamérica el promedio del valor agregado de distribución (VAD) oscila entre 3 y 3.5 centavos de dólar. En nuestro país actualmente es de 7 centavos de dólar. Aun así, con este margen de ganancia que tienen las distribuidoras, siguen los subsidios (que pagamos todos), siguen las pérdidas y siguen los apagones. Y entonces como ciudadanos, contribuyentes, trabajadores formales e informales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios debemos preguntarnos ¿dónde están los cuartos? ¿A dónde va todo el dinero de los subsidios y las costosas facturas eléctricas que pagamos?

El problema eléctrico, como muchos de nuestros eternos problemas, se resuelve con firmes decisiones políticas que favorezcan al país y a las mayorías; actuando con transparencia y aplicando las leyes, con estrictos sistemas de consecuencias para quienes las violen.

Tal y como se encuentra planteado hasta el momento, el Pacto Eléctrico, lamentablemente, es simplemente la legitimación de los intereses de sectores económicos y políticos que por décadas han sido los causantes del desastre del sector energético nacional.

Solo si el Gobierno decide abrir un espacio para la rectificación y la colocación del interés nacional por encima de las ambiciones sectoriales, el pacto podría ser una verdadera política de desarrollo energético para la República Dominicana y no otra más de las tantas oportunidades perdidas de nuestro país. De abrirse la puerta a la rectificación y a la discusión transparente, estaremos siempre dispuestos a participar, vigilantes y comprometidos con los intereses de la gente y de la nación. Nunca es tarde cuando existe la voluntad de construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestro país.

Antonio Taveras Guzmán

Manejo caso Odebrecht cuestiona a las instituciones y la seguridad jurídica del país

Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (ANEIH, considera que Estados Unidos envía mensajes directos, que deben llamar la atención contra la impunidad en RD

SANTO DOMINGO – El empresario Antonio Taveras Guzmán aseguró que los mensajes y acciones del gobierno de Estados Unidos sobre el manejo del caso Odebrecht constituyen un fuerte cuestionamiento a las instituciones dominicanas y ponen en entredicho la seguridad jurídica del país.

De acuerdo al dirigente empresarial, si en República Dominicana funcionara un verdadero sistema de consecuencias, y si el Ministerio Público fuera independiente, la ciudadanía no estuviera sufriendo la vergüenza y el bochorno de ver a poderes foráneos insinuando cómo la sociedad dominicana debe enfrentar uno de los más grandes escándalos de corrupción de su historia.

Taveras Guzmán, quien preside la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH), dijo que la suspensión del visado y el congelamiento de activos en territorio norteamericano a uno de los imputados es una objeción a nuestra administración de justicia.

Sostuvo que de igual manera se interpreta el artículo publicado en un diario nacional por Robert Copley, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, quien advirtió que su gobierno no hará silencio frente a la impunidad relacionada con los sobornos de Odebrecht en el país.

“Desde el encabezado (Un paso adelante en la lucha contra la corrupción) hasta la última línea, el escrito de Copley divulgado en Listín Diario retrata el escaso desarrollo institucional del país y la desconfianza en la justica”, expuso Taveras Guzmán.

Dijo que las debilidades institucionales y la falta de confianza en el sistema judicial frenan las inversiones privadas, necesarias para el crecimiento económico y crean incertidumbre en el clima de negocios y en las empresas ya establecidas en el país.

Indicó que, con la excepción de República Dominicana, en los países donde se produjeron sobornos de la empresa constructora brasileña, ha habido consecuencias, “mientras que aquí las acciones adoptadas están más próximas a una distracción que a un caso seriamente judicializado”.

El empresario pidió a la sociedad dominicana estar pendiente al caso Odebrecht desde los primeros días de enero del 2018, cuando se comienza a vencer el plazo que tiene el Ministerio Público para procurar una verdadera aplicación de justicia por las denuncias de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilícito de campañas relacionadas con las operaciones de la multinacional en el país.

“En las primeras semanas de 2018 los sectores que aspiramos a vivir y desarrollarnos en un país donde la aplicación de la ley sea igual para todos y todas, tenemos el deber de dar seguimiento paso a paso al caso de Odebrecht, para que no se imponga la impunidad ni los intereses políticos y económicos que nos mantienen estancados en el subdesarrollo”, concluyó Antonio Taveras Guzmán.

Antonio Taveras Guzmán

Respuesta de Antonio Taveras Guzmán a las reacciones generadas por la negativa de la ANEIH a firmar el Pacto Eléctrico

 

  1. La ANEIH aspira y trabaja por un Pacto que resuelva el problema eléctrico, que no legitime el desorden en el sistema eléctrico, y lesione los intereses de la pequeña y mediana empresa y de la ciudadanía.

 

En el esquema que propone el gobierno, de desmonte del 32% de las pérdidas de las distribuidoras, los pequeños y medianos empresarios, y la ciudadanía en general serán los más afectados, ya que esta pérdida será cargada a sus facturas. Mientras, se favorecen a un pequeño grupo de grandes empresarios, que son los llamados no regulados, no cobrándoles el 10% por el uso de espacios públicos pertenecientes al Estado, en franca violación a la Ley General de Electricidad.

 

  1. Se trata de una posición institucional, mesurada y responsable de la ANEIH

La posición de no firmar el documento del Pacto Eléctrico alcanzado hasta el momento es una decisión institucional del Directorio de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH), encabezada por su presidente, Antonio Taveras Guzmán, después de más de tres años de participación activa y propositiva en todas las etapas del proceso, y después de consultar con los más importantes especialistas del sistema eléctrico dominicano y de técnicos de los organismos internacionales que han participado por décadas en la búsqueda de soluciones a la crisis eléctrica nacional.

  1. La ANEIH ha sido uno de los principales promotores de un Pacto Eléctrico, que termine con la pesadilla de más de 50 años de apagones.

Desde que se hizo pública la convocatoria al Pacto Eléctrico, la ANEIH, en la persona de su presidente, ha sido una de los principales promotores y gestores del proceso, impulsando propuestas de solución, no solo en las plenarias sino como parte de la comisión ejecutivas del Consejo Económico y Social (CES).

A continuación, compartimos algunos llamamientos públicos externando nuestra preocupación de la necesidad de llegar a un pacto que respondiera a los intereses del país:

  • La ANEIH luchó e insistió para que el Pacto no se aprobara de manera urgente, en medio de la campaña electoral del 2016.
  • El 7 de agosto del 2016, la ANEIH pide a actores del Pacto no dejarse arrastrar por intereses creados.
  • En coordinación con otros actores del Consejo Económico y Social (CES), la asociación hizo un arduo trabajo de concertación intersectorial para motivar la permanencia de sectores que se querían retirar en el 2016.
  • El lunes 13 de febrero del 2017, hicimos un llamado al país para que el pacto no se quedara en el limbo al que fue sometido por un período de más de 6 meses.
  • El pasado 14 de septiembre también hicimos un llamado público para que todos los sectores empresariales, estatales y sociales pusiéramos el interés nacional por encima de los intereses particulares, porque consideramos el Pacto como una oportunidad histórica que no se debía ni se debe desperdiciar.

La actitud propositiva y constructiva de la ANEIH en el marco del Pacto, se mantuvo a pesar de la negativa del Gobierno a hacer diagnósticos, a entregar datos actualizados sobre la realidad concreta del sistema energético y a transparentar los datos relacionados con las plantas a carbón de Punta Catalina.

¿Por qué no firmaremos el Pacto Eléctrico?

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL SR. ANTONIO TAVERAS GUZMÁN, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE HERRERA Y PROVINCIA SANTO DOMINGO (ANEIH)

¿POR QUÉ NO FIRMAMOS EL PACTO ELÉCTRICO?

 

En atención a la convocatoria al Pacto Eléctrico realizada por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento al artículo 35 de Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END), que llama a las fuerzas políticas, económicas y sociales a participar en la definición de políticas públicas que permitan solucionar la crisis estructural del sistema eléctrico del país,  nuestra asociación participó activamente en todas las etapas de este proceso, tanto como integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social -espacio de diálogo que fue apoderado el 13 de octubre de 2014 para dirigir los trabajos de discusión del Pacto-, así como, en las  distintas consultas, mesas y plenarias de trabajo que durante casi 3 años de trabajo arduo se llevaron a cabo.  Hoy con la responsabilidad que nos ha caracterizado durante cerca de 50 años como asociación,  queremos anunciarle al país que no asistiremos  a la firma del pacto convocada para mañana en el Palacio Nacional. Esta decisión está basada en nuestra firme creencia de que los llamados consensos arribados en este pacto no resuelven el problema eléctrico nacional, pues puntos fundamentales no se tocaron, otros son un llamado al cumplimiento de la actual Ley General de Electricidad No. 125-01 y su reglamento o el acomodo de la misma a intereses particulares y privados de actores involucrados en la discusión del pacto.

 

Sobre la Generación

•       Entendemos que un factor  clave para solucionar el problema energético en el país, en lo que respecta a la generación de electricidad, es la desconcentración y apertura del mercado, para permitir una auténtica competencia que a su vez abarate los costos y logre precios razonables para que los usuarios puedan a su vez, recibir un servicio energético  de mayor calidad y a precios más bajos. En el Pacto faltan mecanismos precisos que garanticen la auténtica competencia en el mercado de la generación, así como, procesos de licitación verdaderamente transparentes. La Ley General de Electricidad, dispone que el 80% de la energía comprada deberá ser adquirida por contratos y el 20% en el mercado Spot, el solo cumplimiento de esto abarataría los costos de compra a los generadores. Los generadores actúan como banco financiero cobrando altos intereses por los atrasos y falta de pago del gobierno, esto encarece los costos de generación y por lo tanto la tarifa final que lega a los consumidores, son de los puntos que distorsionan los precios y a esto el pacto no le busca solución.

•       El Pacto fortalece posiciones dominantes de los actuales actores frente a posibles nuevos competidores. Es decir, el documento actual legitima procesos y actores que históricamente han sido parte del problema.

•       Consideramos también que el Pacto no contempla una hoja de ruta concreta y de carácter obligatorio de desarrollo energético a largo plazo, que considere el crecimiento futuro de la demanda, ni tampoco un plan de cambio progresivo en la matriz de generación que contemple mayor uso de energía limpia en el futuro.

•       Punta Catalina fue un proyecto en el cual el Estado dominicano se embarcó y fue presentado como la panacea para resolver el problema eléctrico, en el caso muy particular del Pacto Eléctrico diversos sectores solicitamos todas las informaciones y detalles para que dicho proyecto formara parte de la discusión del pacto eléctrico, esto nunca sucedió pues el gobierno siempre se negó.

Distribución

El  principal problema del sistema eléctrico en la República Dominicana es la precaria e ineficiente gestión de las empresas distribuidoras de energía. Las distribuidoras en este momento tienen un nivel de pérdida superior al 32%. Mantener estas empresas funcionando  con estas deficiencias ha presionado enormemente el Presupuesto Nacional, pues el gobierno central ha tenido que otorgar subsidio por más de mil millones de dólares cada año. Es una situación insostenible que es crucial resolverla para tener un sistema confiable y competitivo.  Si bien en el pacto se establece la necesidad de corregir esta situación y se establece un cronograma de bajar las pérdidas en un tiempo de 6 años  a un 15%, éste  no establece  planes concretos, hojas de rutas, con responsabilidades compartidas, con auditorías, para poder establecer montos de inversiones en las distribuidoras. Solo se establecen promesas de parte del gobierno que ya en el pasado se habían acordado con organismos internacionales y nunca se cumplieron. Uno de los problemas fundamentales de las distribuidoras es su politización. El pacto no establece cronograma ni compromisos reales para desmontar la estructura clientelar bajo la cual operan estas agencias y que es responsable de un alto porcentaje de su ineficiencia y alto costo con que operan. Esta estructura clientelar hace que tampoco se cobre parte de la energía servida a algunos sectores.

•       En el Pacto se introduce la posibilidad de que las Edes puedan subcontratar la comercialización, a través de la segmentación de circuito, zonas y regiones, medida que, en lugar de aliviar el déficit financiero de las distribuidoras, viene a distorsionar el proceso y a elevar los costos. Por la falta de institucionalidad del país, este elemento podría resultar en una puerta para ampliar  el clientelismo político y una dinámica de reparto contraria al interés nacional.

•       Consideramos injusto e incorrecto que, en el marco de un  cronograma de reducción de pérdidas a seis años, los consumidores sigan pagando las ineficiencias de las Edes relacionadas con esta grave falla del sistema. Lo correcto y legal sería cumplir con la tarifa técnica y con el cálculo de costos  de una empresa administrada racional y eficientemente, como lo manda la Ley General de Electricidad.

 

Sobre el Marco Institucional

•      Una vez más se desperdició la oportunidad de diseñar y poner en ejecución un órgano regulador del mercado eléctrico verdaderamente independiente, técnicamente capaz y libre de conflictos de intereses políticos o empresariales. El órgano regulador, la Superintendencia de Electricidad, que es fundamental y vital para establecer marcos regulatorios estrictos y transparentes en un mercado como el eléctrico, el pacto prácticamente lo deja igual aun a sabiendas de todas las debilidades e ineficiencias con que este organismo ha venido funcionando. 

•      Por otra parte, la reestructuración de la CDEEE prevista en el Pacto que crea el Ministerio de Energía y Minas, donde se establece que esta institución debe integrarse en el 2018 a este Ministerio, al convertir a la CDEEE en un holding para dirigir los negocios eléctricos del Estado se está dejando una burocracia innecesaria y costosa para los contribuyentes, lo cual afectará también negativamente a las tarifas. 

•       La mayoría del contenido del Pacto es solo una redundancia, pues ya forman  parte de la Ley General de Electricidad, mientras  que algunos puntos  llevan a la modificación de la ley para adecuarla a intereses particulares, como la propuesta de modificación encaminada a no cobrar el 10% a los usuarios no regulados establecido en la ley y que nunca se ha cumplido. Nuestra Ley General de Electricidad y su reglamento son tan avanzados, que somos de opinión que con tan solo su cumplimiento estricto  se resolvería el problema eléctrico del país.

Nuestra asociación aprovecha para reconocer el gran esfuerzo que hicieron sectores sociales, funcionarios y técnicos del sector público y representantes del empresariado para buscarle solución a la crisis eléctrica que por más de 50 años ha afectado la competitividad del país y la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas, pero no basta con eso, se necesita firme voluntad política.

Reiteramos nuestra disposición de participar de cualquier esfuerzo donde prime el compromiso real y la voluntad política para consensuar y construir el sistema energético que República Dominicana necesita para alcanzar el desarrollo y enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Antonio Taveras Guzmán

 ANEIH demanda explicación transparente sobre nuevos miembros Procompetencia

Afirma que en el Gobierno se sigue violando la ley a la hora de integrar organismos públicos colegiados, como la  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH) deploró el sigilo con el que fueron escogidos y ratificados tres nuevos miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), sin claridad sobre si se seguió o no el debido proceso.

El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, advirtió que la Ley 42-08 que crea el órgano de la competencia manda al Presidente de la República a presentar una terna de candidatos a conformar el consejo, pero se desconoce si cumplió con esta disposición legal.

Dijo que con bajo perfil han circulado los nombres de Iván Gatón, Juan Reyes y Víctor Mateo Vásquez como los miembros de ProCompetencia aprobados por el Senado sin que se conozca si hubo otros candidatos entre los cuales fueron seleccionados las personas antes señaladas.

“¿Hay una carta de presentación, una terna con candidatos, un decreto? No se ha informado cómo ocurrió el proceso y, en principio, la transparencia luce que está en entredicho”, subrayó el presidente de la ANEIH.

Indicó que al margen de eso, el artículo 28 letra E de la Ley de Defensa de la Competencia expresa tácitamente que tener militancia política activa es una condición para no ser elegible al consejo de la entidad. “Resulta que Gatón, Reyes y Mateo son militantes públicamente activos del partido de gobierno”, apuntó.

Explicó que, además de carecer de formación en materia de competencia, Reyes, ingeniero en sistemas, podría tener conflicto de interés por ser un empresario activo, con negocios reconocidos, mientras que Gatón es un experto en geopolítica y en relaciones internacionales que, si bien pasó 8 años en la Comisión de Defensa Comercial (CDC), se decanta en todos los foros públicos por la política internacional y la diplomacia.

“Los ciudadanos merecen una explicación sobre cómo fueron seleccionados los nuevos miembros de un organismo tan importante, llamado a regular un mercado lleno de imperfecciones que afectan la calidad de vida de la gente y el desarrollo empresarial desde las pymes”, comentó.

Dijo que en la integración de organismos públicos colegiados la violación a la ley se ha vuelto común y recordó que recientemente en la integración del Consejo Nacional de Competitividad fue dejada fuera la representación de las pymes, en flagrante violación a la norma.

“No objetamos la calidad moral ni profesional de los seleccionados, sino que no llenan los requisitos que exige la ley y no debemos, convertir a instituciones tan fundamentales como ProCompetencia en un reparto político y clientelar.”, proclamó.

IRMA y MARÍA vs. HÉCTOR y MAGÍN

Sin duda alguna, los fenómenos climáticos relacionados con las temporadas ciclónicas son una real amenaza a la estabilidad económica de territorios vulnerables como la República Dominicana; ya al final del 2016, todo el norte del país había sufrido lluvias desastrosas, y en septiembre 2017, los dos huracanes IRMA y MARÍA que tocaron levemente el territorio nacional tuvieron un impacto tan fuerte sobre la economía que, hasta la fecha, el Banco Central (BCRD) no ha podido todavía publicar su acostumbrado informe trimestral para conocer el desempeño de la economía hasta septiembre 2017. Aunque no contemos con este importe informe, las recaudaciones de preliminares de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al cierre de octubre 2017 si permiten apreciar el golpe recibido por nuestra economía.

Durante el mes de octubre 2017 la DGII había logrado recaudar RD$31,017.4 millones, lo que, si bien compara favorablemente con el monto de RD$30,291.8 millones recaudados en octubre 2016 (equivalente a un crecimiento muy ligero del 2.4%), se encuentra sin embargo muy por debajo de la meta de RD$36,215.8 millones consignada en el Presupuesto 2017 para este mismo mes de octubre 2017; en otras palabras, las recaudaciones de octubre 2017 se quedaron RD$5,198.4 millones por debajo del presupuesto, mostrando así un cumplimiento de apenas un 85.6% de la meta de este mes.

Es importante recordar que, durante el periodo enero-septiembre 2017, las recaudaciones de la DGII habían experimentado un significativo incremento del 10.0% en comparación con el mismo periodo de 2016, al pasar de RD$293,671.5 millones (hasta 09-2016) a RD$322,910.2 millones (hasta 09-2017), lo que evidencia un muy brusco cambio de tendencia en octubre atribuibles al impacto de las tormentas IRMA y MARÍA, ya que las recaudaciones de octubre 2017 corresponden básicamente a las transacciones económicas del mes de septiembre 2017; al comparar esta recaudación hasta 09-2017 con el Presupuesto, se registraba un cumplimiento del 99.1%, con un reducido faltante de RD$2,877.7 millones.

De hecho, si nos enfocamos en el ITBIS, el impuesto más significativo para medir el nivel de actividad económica, observamos que se recaudaron solamente RD$6,822.4 millones en octubre 2017, por debajo de lo recaudado en el mismo mes de 2016 (RD$7,091.3 millones), y sobretodo un 15.6% por debajo de la meta presupuestal de este mes que fue de RD$8,082.4 millones, como se puede apreciar en el cuadro a continuación.

Recaudaciones DGII

Con este muy mal resultado, producto de las condiciones climáticas, luce muy cuesta arriba cumplir con las re-estimaciones del 2017 que sirvieron como base el presupuesto 2018: en efecto, la re-proyección de 2017 contemplaba recaudaciones del ITBIS interno por RD$96,393.7 millones para el año completo, lo que implicaría recaudar RD$18,256.4 millones en noviembre y diciembre, o sea muy por encima (+22.3%) de las recaudaciones logradas en noviembre-diciembre 2016 (RD$14,923.5 millones); considerando que, hasta 09-2017 (antes de las tormentas), el crecimiento interanual del ITBIS fue de apenas +1.8%, existe entonces un riesgo significativo cerca de RD$3,065 millones de pesos sobre el cumplimiento de la meta de ITBIS, lo que sumado al incumplimiento acumulado hasta octubre (RD$9,400.9 millones), nos daría un faltante por el lado del ITBIS de cerca de RD$12,500 millones vs. el Presupuesto 2017 (RD$103,691.4 millones).

Otras estadísticas del BCRD confirman que el impacto de IRMA y MARÍA fue considerable: en septiembre 2017, las llegadas de turistas se cayeron en un 15.8% después de 47 meses consecutivos de crecimiento, y en octubre 2017, seguían cayendo, aunque a un ritmo reducido (-0.5%); del mismo modo, las exportaciones de las zonas francas se contrajeron un 0.7% durante el 3er trimestre, después de crecer un 4.8% (1er trimestre) y un 3.4% (2do trimestre); por lo que entendemos que el crecimiento del PIB cerraría más cerca del 4.0% que del 5.0% en 2017, en vez del 5.5% consignado inicialmente en el Presupuesto 2017

Estos resultados nos muestran el grado de vulnerabilidad de la economía dominicana a la temporada ciclónica, producto de la aceleración del cambio climático. Habrá de incorporar este nuevo riesgo en el plan de contingencias, no solamente del Estado, sino también de las empresas y de los hogares. Por mientras, y este año, IRMA y MARÍA le ganaron a HÉCTOR y a MAGÍN.

 

Henri HEBRARD
Asesor Económico
Tel: 809 862 64 23
Correo: h.hebrard@henrihebrard.com
Twitter: @HebrardH

AEIH Deplora Debilidades Del Estado Dominicano En Sostenibilidad Ambiental

“La depredación progresiva de bosques y el crecimiento urbano y agrícola sin ningún tipo de ordenamiento ocurre en República Dominicana ante la mirada pasiva de las autoridades”, afirma el presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán.

 

SANTO DOMINGO, RD. – El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH) deploró que las políticas del Estado dominicano en materia de sostenibilidad ambiental sean ambiguas o inexistentes.

Antonio Taveras Guzmán se pronunció en esos términos durante una reunión con el Premio Nobel de la Paz 2007, el hindú Rajendra K. Pachauri, junto a miembros del Consejo de Pasados Presidentes de la ANEIH.

Reconoció que el Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, hace respetables esfuerzos de manera individual con resultados palpables, pero hace falta una estrategia concatenada y sistémica, que además cuente con apoyo político al más alto nivel para su aplicación.

Pachauri es reconocido por sus aportes desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organismo que presidió hasta 2015 y que en 2017 fue galardonado con el Premio Nobel junto a Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos.

“En momentos en que las naciones desarrolladas reconocen y buscan soluciones a los efectos del cambio climático sobre el planeta, así como a la situación de insostenibilidad del actual ritmo de consumo y depredación de recursos naturales, el país acusa un gran rezago en esos aspectos”, sostuvo.

Taveras Guzmán fue acompañado en la reunión por los ex presidentes de la ANEIH Víctor Castro, Jesús Moreno, Manuel Cabrera y por la directora ejecutiva de la entidad empresarial, Greicy Romero de Mejía.

Manifestó que en este año, mientras las autoridades dominicanas hablan a la ciudadanía de un aumento de la capa boscosa hasta llegar al 39% del territorio, un estudio de Universidad de Maryland desmontaba esas afirmaciones y señalaba que, al contrario, entre 2000 y 2014 el país perdió 1,536 kilómetros cuadrados de bosque.

“La depredación progresiva de bosques y el crecimiento urbano y agrícola sin ningún tipo de ordenamiento ocurre en República Dominicana ante la mirada pasiva de las autoridades”, reflexionó Taveras Guzmán.

Advirtió que nadie en en el país sabe cuál es la política concreta del Estado frente a los riegos de la mega minería o , por ejemplo, el uso de cianuro para el procesamiento de oro y otros metales.

“Igualmente, resulta paradójico  que mientras en el mundo se estén desmontando las plantas de generación eléctrica a carbón el Gobierno dominicano incurre en la aventura de construir dos generadores a base de este combustible de alto impacto negativo en el ambiente”, expresó.

Convenio AEIH UASD

“Aspiramos a que esta alta casa de estudios nos ayude a detectar nichos de producción en base a mercados y competencias, y a definir las competencias que se requieren para formar los profesionales demandados por las empresas e industrias dominicanas”, dijo Taveras Guzmán.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suscribieron un acuerdo de colaboración para fortalecer los vínculos entre el sector privado y la academia.

El convenio, rubricado por el presidente de la ANEIH, Antonio Taveras Guzmán, y el rector de la alta casa de estudios Iván Grullón, busca formar y desarrollar profesionales, tecnologías y modelos innovadores para un nuevo modelo de desarrollo productivo en la República Dominicana.

Como mecanismo operativo del acuerdo, entre las partes, se establecerán mesas técnicas de trabajo, conformadas por académicos e investigadores de la UASD y el sector industrial afiliado a la ANEIH. Las mesas podrán ser ampliadas con la participación de otras universidades.

Al valorar la trascendencia del acuerdo, Taveras Guzmán afirmó que la organización empresarial tiene como prioridad la promoción de un Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo, que tenga el bienestar de los seres humanos como su razón de ser.

“Con esta alianza estratégica damos un paso claro y fuerte hacia la construcción de un modelo sustentado en la asociatividad de productores, con la finalidad de producir bienes transables para competir en los mercados internacionales y empleos de calidad”, sostuvo el dirigente empresarial.

Por su lado, Grullón manifestó que la UASD vivió una época de aislamiento, pero ya los tiempos han cambiado y los universitarios han tomado conciencia de que “somos una institución del Estado y que tenemos que responder a los Planes de Desarrollo del Estado Dominicano y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)”.

Sostuvo que la vinculación de la UASD con el empresariado dominicano, en las áreas productivas, es un hecho que hay que seguir impulsando, a la vez, que anunciò un encuentro masivo con los empresarios en el 2018.

“Aspiramos a que esta alta casa de estudios nos ayude a detectar nichos de producción en base a mercados y competencias, y a definir las competencias que se requieren para formar los profesionales demandados por las empresas e industrias dominicanas”, concluyó Taveras Guzmán.

Reunión AEIH y Banco Mundial

 

El país pudo haber tenido hoy un millón menos de pobres

Antonio Taveras Guzmán, presidente de la organización, señaló que mientras Latinoamérica avanza hacia la consolidación se la clase media, ese segmento sufre un declive en República Dominicana, cuya economía resulta cada vez más vulnerable.

SANTO DOMINGO.- República Dominicana se ha quedado rezagada frente al resto de América Latina en la reducción de la pobreza, pese a que en los últimos años ha sido líder en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la región, situación que se explica por la fata de reformas económica, política e institucional.

El planteamiento fue hecho por el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH), Antonio Taveras Guzmán, quien señaló que mientras Latinoamérica avanza hacia la consolidación se la clase media, ese segmento sufre un declive en el país.

Taveras Guzmán citó datos del Banco Mundial según los cuales por cada punto de crecimiento del PIB la pobreza en América Latina cede 4.5 puntos porcentuales, mientras que en República Dominicana el efecto es de apenas 2.7 porcentuales, situación que retrata a una economía con “muy mal equilibrio”.

El dirigente empresarial sostuvo un diálogo sobre el particular –en compañía de pasados presidentes de la ANEIH y técnicos asesores- con una misión de especialistas del Banco Mundial que recaba datos y enfoques para elaborar un informe económico sistemático acerca de la economía dominicana.

El presidente de la ANEIH le llamó la atención el dato comentado en la conversación en el sentido de que si la República Dominicana hubiese reducido la pobreza al ritmo de América Latina, un millón adicional de personas habría salido de ese estado desde 2005 hasta ahora.

Se estima que actualmente el segmento clase media en América Latina abarca el 37% de la población, mientras que en la República Dominicana es el 29%, situación que proyecta una economía en crecimiento, pero con fundamentos muy vulnerables, señaló Taveras Guzmán.

En ese contexto, apeló a un compromiso a largo plazo de las élites política y empresarial a fin de articular reformas que fortalezcan el mercado laboral, elevando los ingresos de los trabajadores, la calidad del empleo y las exportaciones de bienes transables.

Asimismo, abogó por cambios de amplio calado que mejoren la calidad del gasto y la provisión de servicios que, en la actualidad, los ciudadanos deben suplirse por cuenta propia generando un alto gasto de bolsillo, como educación, salud, electricidad, seguridad, transporte y otros.

Indicó que esas reformas también deben apuntar a hacer sostenibles y competitivas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que componen el 98% del tejido empresarial, siendo a su vez las mayores proveedoras de empleos.

Taveras Guzmán advirtió, sin embargo, que una profunda reforma institucional y política, que se lleve de encuentro el fenómeno de la corrupción, es un prerrequisito imprescindible para corregir las distorsiones que hacen de República Dominicanaa una de las economías vulnerables de la región.

“Las reformas que necesitamos impulsar debieron haberse hecho hace 15 años, tenemos una década y media atrasada en ese aspecto; este país no debe permanecer a merced de los ciclos electorales; necesitamos un cambio de mentalidad firme, honesto en y un compromiso con el país de las élites política y empresarial”, subrayó.