La elección del Consejo Económico y Social (CES) como organizador y mediador de un diálogo entre los partidos políticos ha creado controversia por el rechazo del expresidente Leonel Fernández.
El Consejo Económico y Social de la República Dominicana está conformado actualmente por un presidente, monseñor Agripino Núñez Collado, una directora ejecutiva, Iraima Capriles, y 41 miembros de los sectores empresarial, sindical y social. Su sede está en las oficinas administrativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
La comisión ejecutiva del CES la integran ocho miembros que son el presidente, la directora ejecutiva y dos consejeros de cada sector.
Los consejeros son: Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera como consejeros del sector empresarial; Rafael Abreu, del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), consejeros del sector laboral.
También Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y el presidente de la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas (Codue), consejeros del sector social.
Hay 25 consejeros del sector empresarial, siete del sector laboral, y nueve del sector social.
Los del sector social son representantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Enma Polanco; la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), y del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo.
La Comisión Ejecutiva del CES sesiona de manera alterna con la reunión del Pleno de Integrantes y propone los temas que se habrán de llevar a la agenda de la Asamblea Plenaria.
El CES reseña en sus orígenes que en el año 2005 el Poder Ejecutivo da forma jurídica al órgano de participación, consulta y concertación social a través del diálogo en la entidad que originalmente llevó el nombre de Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), a través del Decreto 13-05.
El 12 de agosto de 2015, el Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, promulga la Ley Nº 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
El diálogo social iniciado en el año 1985 que concluyó en el año 1992, fue un ejercicio de diálogo tripartito, gobierno, trabajadores y empresarios que culminó con la promulgación de la Ley 16-92, el nuevo Código de Trabajo para la República Dominicana que estableció un marco jurídico laboral más justo y equitativo para todas y todos los dominicanos.
Más tarde, la consulta a la ciudadanía, promovida por el Gobierno Dominicano (Administración 1996 – 2000) llevada a cabo en todo el país en diálogo social semiestructurado, llevó el nombre de “Diálogo Nacional” donde se creó un movimiento dinámico de propuestas e iniciativas que recogieron reclamos pacíficos del pueblo.
En el “Diálogo Nacional” los partidos políticos participaban y para el año 1998 existía un diálogo social nacional semiestructurado que siguió funcionando hasta el año 2003 como espacio de mediación frente a crisis sociales, económicas o políticas, pues permitían escuchar el parecer de diversos sectores de la sociedad convocados para conocer su opinión.
Por otra parte, fruto de iniciativas conjuntas del Consejo Económico y Social de España y organismos de la República Dominicana, diferentes representantes del sector laboral, del sector empresarial y de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de observación in situ, el funcionamiento de un consejo económico y social tradicional en las espléndidas instalaciones ubicadas en la calle Huertas Nº 73 en Madrid, donde funciona el Consejo Económico y Social de España.
La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010, dedicó un capítulo exclusivamente a la concertación social y elevó a rango constitucional la institución del Consejo Económico y Social (CES). Este capítulo se mantuvo sin cambios en la reforma constitucional proclamada el 13 de junio del año 2015.