“Los órganos de control como la Cámara de Cuentas y el Congreso no ejercen con efectividad sus funciones a pesar que existen leyes y normativas para este ejercicio, hay prácticas que se instalan para que estas no se apliquen a cabalidad.”

Así lo expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien deploró que se usen mecanismos y subterfugios para impedir la correcta fiscalización de los funcionarios y las instituciones del Estado.

Puso de ejemplo que en la reforma constitucional del 2010 se consignó la creación de comisiones de investigación, tal como existen en Estados Unidos, para que los legisladores puedan indagar en asuntos de cierta envergadura que envuelvan a congresistas.

Sin embargo, expresó que una sola vez se activó una comisión para el caso de un senador, la cual terminó diluyéndose. Otra referencia hecha por Castaños es el caso de la Ley de Declaración Jurada de Bienes que aunque es la normativa idónea para indagar sobre el enriquecimiento de servidores públicos, en su reglamento se agregaron disposiciones que debilitan su aplicación.

Citó que se obvió el aspecto de nombrar notarios para constatar los bienes declarados, así como los criterios de independencia de la persona prevista para dar seguimiento al patrimonio de los funcionarios.

Otro ejemplo es que cuando se discutió el mecanismo de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas se hiciera mediante ternas presentadas por la Cámara de Diputados al Senado, pero que al final se aprobó que fuera el Poder Ejecutivo que las sometiera al Congreso.

“Es un problema de voluntad política muchas veces no de diseño institucional para dar las respuestas que desde el Estado hay que dar”, expresó Castaños Guzmán.

Al ser cuestionado que si hay avances en términos de transparencia, Castaños entiende que ha habido algunos con la creación de veedurías, pero el mayor ha sido desde el punto de vista social en el reconocimiento, por ejemplo, de que la corrupción es un fenómeno que afecta institucionalmente no solo desde el punto económico como antes se creía.

Castaños Guzmán se refirió al tema durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, encuentro al que asistió junto a Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Amelia Vicini, miembro de la Cámara Americana de Comercio; Roque Féliz, directivo del Centro Bonó; Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (ANEIH), y Rafael Paz, vicepresidente del CONEP.

Histórica impunidad. Mientras que Taveras afirmó que pese a la creación de veedurías en instancias del Gobierno, se siguen cometiendo actos ilícitos debido al sistema de poca transparencia, corrupción que prevalecen por la histórica impunidad.

Cambios en el Gobierno. En torno a los cambios anunciados por el presidente Danilo Medina, el pasado martes cuando asumió su nuevo mandato, Blanco Canto consideró que fue positivo en cuanto anunció que dará prioridad a la aprobación de la Ley Electoral y la de Partidos Políticos.

También en lo relativo a las reestructuración de las instituciones del sector eléctrico, como establece la ley, aunque anheló que eliminara la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) antes del 2018 como anunció el presidente.

Elogió además la decisión de constituir una autoridad única del transporte para llevar a cabo una reorganización de ese sector, lo cual ha sido una demanda prioritaria que han estado planteado los empresarios tanto en su agenda diaria como en la convención empresarial del pasado año.

En cuanto a las designaciones de funcionarios en el gabinete, Blanco recordó que es una prerrogativa del Presidente y que por el perfil de algunos de ellos parece un buen equipo, lo que redundará en mejor funcionamiento del Estado.

Recursos a la justicia. Ahora bien, el presidente del CONEP, dijo que vienen momentos precisos que indicarán si el Presidente tiene reales compromiso con la institucionalidad. Puso de ejemplo que en los próximos meses, el Presidente someterá al Congreso el presupuesto para el año 2017, por lo que le gustaría ver que realmente se asigne al Poder Judicial el porcentaje que la ley manda, o sea el 2.66% de los ingresos del Estado.

“No asignarle ese presupuesto al poder realmente es una muestra más de la falta de institucionalidad; es una incongruencia enorme que el poder congresual tiene mayor partida que el judicial”, expresó Blanco.

El empresario deploró que una gran parte de los ingresos del Gobierno, se vaya en empleomanía innecesaria cuando el dinero para esos fines puede dedicarse a cubrir necesidades en materia de salud, vivienda o la protección de los segmentos vulnerables.

Fuente: HOY Digital

Antonio Taveras

Afirma que los hallazgos en estudios sobre condiciones de competencia hechos a los sectores de las cervezas, los medicamentos y los seguros, son una señal de que en el mercado hay grandes imperfecciones que afectan la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC., (ANEIH) instó al presidente Danilo Medina a impulsar, en el nuevo Gobierno que inicia este martes, un régimen de competencia que elimine las prácticas anticompetitivas en el mercado, las cuales atentan contra la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la organización empresarial, Antonio Taveras Guzmán, dijo que las prácticas monopólicas, abusos de posición dominante, las colusiones y otras malas acciones generan imperfecciones en el mercado que elevan el costo de la vida y limitan las opciones para que los consumidores obtengan bienes y servicios de calidad y a precios competitivos.

El dirigente empresarial sostuvo que estudios divulgados la semana pasada sobre las condiciones de competencia en los mercados de la cerveza, los seguros y las medicinas –auspiciado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) – “desnudan la cruda realidad anticompetitiva” que afecta al mercado en el país.

Taveras Guzmán felicitó a la entidad por haber realizado y divulgado los citados estudios que –desde su punto de vista- contribuyen con la creación de conciencia para una cultura de competencia.

Indicó que esos análisis –que pudieron realizarse gracias a la cooperación financiera y técnica de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– deberían ser ampliamente divulgados para contribuir con el debate sobre la necesidad de contar con un régimen de competencia.

“Entendemos que hay actualmente un contexto favorable para que Medina establezca un hito como presidente, propiciando el funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y, si es necesario, revisar la ley sobre la materia para hacer que esto fluya; el país lo necesita”, sostuvo el presidente de la ANEIH.

11 Ago 2016

Revolución Fiscal

La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de llevar a cabo una gran reforma fiscal en el país. Entendemos que esta reforma fiscal debe ser tan amplia y profunda que nuestra Asociación la ha denominado “Revolución Fiscal” por lo que aspiramos a la reorganización y simplificación total del sistema fiscal y tributario, así como, su transparencia y la ampliación de sus bases de forma equitativa; con la finalidad de obtener los recursos necesarios para financiar un nuevo modelo de desarrollo productivo que nos conduzca hacia un país más competitivo e inclusivo.

El gobierno dominicano necesita con urgencia de recursos frescos y esto pudiera estar llevándolo a tomar medidas apresuradas y verse en la obligación de imponer parches fiscales, que no sería conveniente para el país ni para el gobierno, por lo que, proponemos un presupuesto de transición para el 2017 y que se empiecen a tomar desde ya las medidas necesarias en término de reorganización del gasto de capital, gasto corriente y el gasto de intereses.

El presupuesto de transición para el año 2017 debe ser el mismo utilizado en el año 2016, teniendo en cuenta la planificación presupuestaria plurianual. Todo esto con la finalidad de tener suficiente tiempo para discutir la reforma fiscal y dar cumplimiento a la ley orgánica del presupuesto para el Sector Público No. 423-06 que establece los plazos y los mecanismos utilizados para la aprobación y puesta en ejecución del presupuesto nacional.

Los representantes de los grupos social, empresarial, laboral y gubernamental continuaron ayer martes las asambleas Preplenarias del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, en las que se conoce el documento de consensos y disensos de la Fase IV del proceso.

La asamblea fue encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, Presidente del Consejo Económico y Social (CES), quien destacó la actitud positiva y de cooperación de los actores participantes en la preplenaria, en la que se propusieron modificaciones de fondo a párrafos del tema cinco, se lograron consensos y se avanzaron varios puntos del documento.

Javier Cabreja, moderador de la reunión Preplenaria del Pacto Eléctrico, informó que las reuniones continúan este miércoles a las 3:00 de la tarde en la Sala Octagonal AO-3 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en su Campus de Santo Domingo.

 

Fuente: CES

Antonio Taveras Guzmán

Propone  dejar a un lado “las agendas ocultas motivadas por intereses económicos o políticos.”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En la parte final de las negociaciones del Pacto Eléctrico, los actores que participan en el mismo deben asumir el compromiso ante el país de “no dejarse arrastrar en las patas de los caballos de los intereses creados”, advirtió la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. (ANEIH).

“Debemos manejarnos teniendo el cuenta el futuro del país y el deseo de la sociedad dominicana de contar con un sistema eléctrico eficiente, continuo, de calidad y a precios competitivos”, subrayó el presidente de la entidad empresarial, Antonio Taveras Guzmán.

La asociación, miembro del Consejo Económico y Social (CES), hizo un llamado a los representantes de los diferentes sectores que concurren en los debates sobre el Pacto Eléctrico a hacer un esfuerzo por alcanzar el mayor nivel de consenso en los puntos acordados y pidió dejar a un lado “las agendas ocultas motivadas por intereses económicos o políticos.”

Consideró positivo que el pacto esté nutrido con una amplia cantidad de propuestas, bajo el entendido de que eso es determinante para concretar los objetivos de la iniciativa, que es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y provocar un cambio definitivo en la industria eléctrica y en el servicio que recibe la gente.

“Es importante tener en cuenta que mientras más aspectos consensuamos más conveniente es el Pacto Eléctrico para la sociedad dominicana, pero si se debilita con una cantidad exigua de propuestas acordadas, un solo actor estaría tomando todas las decisiones: el Gobierno”, sostuvo el dirigente empresarial.

Santo Domingo.-El Consejo Económico y Social (CES) retomó en la tarde de ayer la fase IV del proceso de concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con la reanudación de las reuniones preplenarias.

La mesa directiva del encuentro estuvo presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, y conformada por Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, además de Roque Félix y Rolando Guzmán, representantes del sector social, y Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Durante la reunión que se llevó a cabo en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM) en su campus de Santo Domingo, Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico, recordó a los presentes las pautas metodológicas aprobadas en noviembre y diciembre de 2015, que fueron ratificadas por decisión del comité de Coordinación Gubernamental conjuntamente con los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, que desde ayer se encuentra en sesión permanente.

Esa metodología indica que las decisiones serán tomadas por los actores institucionales convocados por el decreto presidencial 389-14. La discusión del Pacto Eléctrico se inició el 19 de enero de 2015. El objetivo fue unir las propuestas de los sectores públicos y privados implicados en la generación y distribución eléctrica, con el consenso de la sociedad civil.

Se crearon seis mesas de trabajo para analizar propuestas en el marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, distribución, los aspectos financieros y tarifarios y consumidores-usuarios. La meta es solucionar la crisis que por más de 50 años ha afectado el sector eléctrico.

La próxima reunión está pautada para las 4:00 p.m. de hoy.

Fuentes: Hoy / CES

La Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, realizó el Segundo Foro de la sociedad civil, esta vez enfocado en la “Independencia Judicial”. Este foro es parte del programa de trabajo que están llevando a cabo La Coalición, previo a la celebración de la Cumbre Judicial Nacional, auspiciada por el Consejo del Poder Judicial, a realizarse el próximo mes de octubre.

Centro Bonó fungió como organización de la sociedad civil y condujo el panel el Sr. Roque Félix, Director del Centro,  quien al dar las palabras de bienvenida dijo que hay una fuerte preocupación por la aplicación de justicia luego de las reformas constitucionales.

En el panel participaron el exjuez Julio Aníbal Suárez y la jurista Fabiola Medina, ambos disertaron sobre los principales retos que tiene el sistema de justicia dominicana para lograr ser independiente, mientras que la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, se refirió a los desafíos de una jueza en ejercicio y el Jurista Cristóbal Rodríguez, explicó como la policitación de las altas cortes, han impedido la independencia en el sistema judicial del país.

Al foro asistieron representantes de las diferentes instituciones del Estado, partidos políticos, organizaciones sociales, empresariales, académicas y eclesiásticas.

La Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad es la unión de más de 50 organizaciones de la Sociedad Civil, que tienen el firme objetivo superar la crisis y la desconfianza que afecta al sistema de justicia dominicano y su impacto en la seguridad ciudadana.

El próximo foro de la Sociedad Civil se llevará a cabo el próximo 31 de agosto con el tema “Presupuesto del Poder Judicial” cuya coordinación estará a cargo del Regional de Estrategias Economías Sostenibles (CREES).

 ANEIH presenta una serie de opciones para reducir el gasto de la administración pública y un calendario de discusión para cerrar en 10 meses el pacto fiscal.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC., (ANEIH) instó al Gobierno a no caer en la tentación de hacer un nuevo “parche fiscal” para resolver sus urgencias financieras y propuso de cara a 2017 un presupuesto de transición que mantenga los mismos niveles de ingresos del presente año, haciendo recortes en el gasto.

La organización empresarial que preside Antonio Taveras Guzmán consideró que, de esa manera, tanto la administración del presidente Danilo Medina como los agentes económicos se preparán con tiempo para concretar el pacto fiscal -previsto en  la Estrategia Nacional de Desarrollo- entre septiembre de 2016 y junio de 2017, un período de diez meses.

“Sabemos que el gobierno necesita con urgencia de recursos frescos y esto pudiera estar llevándolo a tomar medidas apresuradas y verse en la obligación de imponer parches fiscales o seguir endeudando el país, en lo que se aprueba esta gran reforma fiscal, algo que no conviene al país ni a la  propia administración”, sostuvo el dirigente empresarial.

En ese sentido, la ANEIH planteó como alternativa operar en 2017 con el presupuesto actual de  RD$566,191 millones, al cual se le restan los ingresos de RD$490,298 millones para déficit fiscal de RD$75,893 millones, equivalente a un 2.3% del PIB.

“Cuando a este déficit le sumamos el compromiso de reembolso de capital de la deuda de RD$97,366 millones significa que la necesidad de financiamiento de este presupuesto es de RD$173,259 millones. Aspiramos a que estos mismos componentes se mantengan o puedan decrecer”, indicó el presidente de la ANEIH.

Sostuvo que en el presupuesto plurianual la proyección del déficit para 2017 es de RD$75,516 millones, equivalente al 2.1% y básicamente el mismo nivel nominal del 2016, por lo cual la ANEIH  aspira a que esta cifra no varíe. “Ese déficit proyectado es el resultado de la diferencia de una proyección de gastos de RD$603,277 millones, según el presupuesto plurianual”, argumentó Taveras Guzmán.

Añadió que las expectativas de proyección de ingresos para el 2017, según el presupuesto plurianual, son de RD$527,761 millones, sin préstamos, para un incremento de RD$ 37,400 millones, equivalente a un 6.5% de aumento contra el presupuesto del 2016. “Aspiramos a que el gobierno se maneje con esa meta para no incrementar el déficit, ni la deuda con relación al 2016”, dijo la ANEIH.

Recortes en el gasto

La ANEIH demandó someter a una revisión profunda el datos resultantes de la planificación plurianual para el presupuesto del  2017 que contemplan un incremento de un 24% del pago de los intereses de la deuda, equivalente a RD$23,446 millones.

Por otro lado, sugirió una serie de medidas tendentes a reducir el gasto para 2017, como centralización de las compras principales del Estado, mayores niveles de transparencia en las licitaciones y recortes en consumos superfluos, como celulares, dietas, combustible, energía eléctrica y otros, con lo cual se ahorrarían RD$9,000 millones, igual al 10% del presupuesto.

Asimismo, propuso eliminar la duplicidad de funciones en agencias y oficinas del Estado,  pues con el estatus actual implican gastos innecesarios y deficiencia en los servicios a nivel del gobierno central.

Banco Central de la República Dominicana

El empresario Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC., (ANEIH), sostuvo ayer que el flujo de divisas ya es normal, tras la inyección de US$100 millones que realizó el Banco Central (BC).

Taveras Guzmán, dijo ayer estar contento por la intervención del BC, pero advirtió que el mercado de las divisas sobre todo el dólar, tiene un carácter profundo en la economía dominicana y que pudiera estar repitiéndose de manera cíclica. Precisó que esto ocurre porque la economía local no está produciendo la suficiente cantidad de dólares que requiere para sus importaciones.

Al preguntársele por qué está ocurriendo la falta de producción, contestó: “estamos siendo poco competitivos en los mercados internacionales y tenemos déficit de pagos en la balanza comercial con muchos países, y cada vez se está importando más y exportando menos”.

Añadió que cada día la economía del país necesita más dólares y no se están generando.

Al alertar a las autoridades el pasado 5 de julio sobre la falta de dólares en el mercado local, el presidente de ANEIH había pedido a las autoridades del Banco Central que investigaran quiénes estaban acaparando esa moneda en el país.

En repuesta a esa preocupación de los industriales de Herrera, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, reconoció que se había venido creando una especie de burbuja especulativa en el mercado cambiario, producto de la volatilidad de los mercados internacionales en torno a los efectos del “Brexit” y que por esos factores había tomado las precauciones desde el pasado 1 de julio, colocando alrededor de US$100 millones en los bancos comerciales, lo que ha permitido ir normalizando el flujo de divisas hacia los distintos agentes de la economía.

Valdez Albizu informó en la ocasión que al 5 de julio, las reservas internacionales ascendían a US$5,286 millones las brutas y US$5,262 las reservas netas, lo que ponía en capacidad al Banco Central para normalizar la situación del mercado de divisas, y advirtió que quienes apostaran a la inestabilidad perderían su dinero.

La carga. Por otro lado, Taveras Guzmán, comparte la posición del Observatorio Nacional de Logística y Transporte de Carga, que indica que el país necesita reducir su costos del transporte de carga y trámites burocráticos, así como el monopolio del transporte entre otras.

Fuente: Hoy

Antonio Taveras en el Foro de la Sociedad Civil por la Justicia y la Seguridad

Santo Domingo.- Se celebró el 13 de julio del 2016 el Primer Foro abierto de la Sociedad Civil con el objetivo de conjugar fuerzas entre la Sociedad Civil, Poder Judicial y la Iglesia Católica, para la discusión sobre los problemas que enfrenta el sistema de justicia de la República Dominicana. Se realizarán cuatro foros siguiendo la misma línea de este, previo a los trabajos de la Cumbre que realizará el Consejo del Poder Judicial.

Estuvo a cargo de las palabras de bienvenida el Sr. Francisco Álvarez, miembro de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana (PC), dijo que el pacto público-privado tiene como herramienta unir esfuerzos de los principales actores para alcanzar metas en áreas determinadas.

La Dra. Rosario Espinal, disertadora principal, explicó que son los pactos y como han repercutido en la sociedad dominicana; explicó que los pactos necesitan reconocimiento mutuo entre los actores, ya que, estos no recibirán los mismos beneficios. Enfatizó en que a través de la articulación de los distintos  actores sociales se pueden crear mecanismos de presión al gobierno para lograr reformas y cambios importantes. La Coalición, Acción por la Justicia y Seguridad, es un ejemplo del proceso mediante el cual se puede impulsar cambios en la justicia.

El Sr. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la ANEIH, en su intervención expresó la preocupación del Sector Empresarial por el cumplimiento de los pactos. Explicó que el liderazgo y los partidos políticos son actores de primer orden para una democracia, que solo funciona cuando hay un balance adecuado de los poderes.

Estuvieron presentes en el acto las siguientes personalidades: Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ; Luis Miguel De Camps del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); Quique Antún, Presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC);  Dra. Laura Hernández Román, Directora Nacional de la Defensoría PúblicaMilagros Ortiz Bosch, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PCDC), entre otros.

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